Las deportaciones masivas de Trump chocarán con un muro de protecciones legales que incluye la Constitución de EEUU

Muchas preguntas por ahora no tienen respuestas y la falta de transparencia lleva a la propagación del miedo, lo que facilita la desinformación. Expertos reiteran que la información será clave para defender los derechos de permanencia en Estados Unidos y desafiar la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

La amenaza del lanzamiento de un plan de deportaciones masivas hecha por el presidente electo Donald Trump, cuyo blanco serían millones de extranjeros, no solo inquieta a la comunidad inmigrante sino también a empleadores que dependen de la mano de obra indocumentada para el funcionamiento de industrias clave, entre ellas la agropecuaria y alimentos procesados.

A menos de dos semanas de la toma de posesión, todavía no se conocen detalles que expliquen cómo se llevarán a cabo los arrestos, encarcelamientos y la expulsión de extranjeros. Uno de los nominados por Trump para encabezar la fuerza nacional de deportaciones, Tom Homan -llamado a ser ‘zar’ de la frontera-, se ha encargado de mostrar algunos objetivos de la estrategia. Ha dicho que comenzará en Chicago, miembros del ejército colaborarán con las autoridades federales, se levantarán campamentos en la frontera sur y se tratará de una operación acelerada.

Muchas preguntas por ahora no tienen respuestas y la falta de transparencia lleva a la propagación del miedo, un estado de ánimo que facilita la desinformación. También causa pánico e impide que los inmigrantes conozcan sus derechos, incluyendo a los millones de no ciudadanos a quienes Trump, sin argumentos, tacha de criminales.

Las preguntas que surgieron tras la elección del 5 de noviembre se relacionan con el número de agentes que dispondrá el nuevo gobierno para llevar a cabo la gigantesca operación, si contará con infraestructura para detener a extranjeros y expulsarlos, si tiene agentes suficientes y si el Congreso le dará los fondos necesarios para llevar a cabo el ambicioso programa, cuyo costo se estima en unos $88,000 millones por año de acuerdo con un informe del American Immigration Council (AIC).

Homan respondió que, por ahora, no lo sabe, pero confía en que el presidente electo Trump le entregue los recursos necesarios a partir del 20 de enero y espera que el Congreso, controlado por los republicanos, haga lo necesario para permitir que se implemente la cuestionada política de ‘tolerancia cero’.

Mientras llega el día y con los datos disponibles confirmados tanto por Trump como por algunos de sus nominados para su gobierno, Univision Noticias preguntó a dos expertas en el sistema migratorio y la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) si es legal llevar a cabo las deportaciones masivas, si pueden ser procesados aquellos a quienes el sistema les permitió una oportunidad de luchar por sus permanencias o si es permitido arrestar y deportar a millones de extranjeros porque el gobierno de turno dice que son criminales. Por último, ¿pueden los jueces detener una deportación si el tribunal se percata que el arresto del extranjero no fue legal?

La jueza Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), y la abogada Rebeca Sánchez-Roig, quien durante más de 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia (DOJ) y actualmente ejerce en Miami, Florida, analizaron este complejo escenario y respondieron a nuestras preguntas.

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5 razones para augurar el fracaso de los planes de Trump

Una de las mayores preocupaciones de la jueza Marks es que en el intento por poner en marcha el plan de deportaciones masivas se viole la ley y se cause un daño irreparable a cientos de miles de extranjeros y familias, algunas constituidas desde hace décadas y con hijos ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, advierte, “hay muchas razones” para afirmar que “las horribles propuestas de Trump se verán frustradas y, en última instancia, es poco probable que se acerquen a sus objetivos declarados”, pero está claro “que los próximos cuatro años estarán llenos de caos, miedo tremendo y daño real en las comunidades inmigrantes”.

A juicio de Marks, hay cinco razones básicas por las que los planes de Trump no pueden tener éxito:

• Primero, nunca obtendrá los $88,000 millones anuales que se estima necesita para cubrir la mano de obra, los centros de detención, el apoyo aéreo (para expulsar) y otros gastos de un programa de deportación masiva. Además, se necesitarán años para contratar y capacitar a la cantidad de agentes gubernamentales y jueces de inmigración necesarios para llevar a cabo este programa.

• Segundo, existen impedimentos legales para muchas de las acciones que ha propuesto. Por ejemplo, ha afirmado que aplicará la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 para utilizar a nuestro ejército en el interior de Estados Unidos porque estamos siendo ‘invadidos’. Esta acción requiere una guerra declarada por una nación extranjera que no existe aquí. También ha afirmado que invocará la Ley de Insurrección (Insurrection Act) aprobada en 1807, pero que también es inaplicable porque requiere una rebelión abierta o un desorden civil. Por último, como sucedió en la primera administración Trump, habrá impugnaciones legales a prácticamente todas las medidas que adopte. Ya sea que tengan éxito o fracasen, es probable que estas impugnaciones detengan muchos de sus esfuerzos en una etapa inicial mediante medidas cautelares si un juez honesto preside porque, en términos generales, el statu quo debe mantenerse durante el litigio. De lo contrario, estas políticas pueden estar en vigor, pero solo por períodos relativamente cortos durante el proceso de litigio. Marks predice que (Trump) hará todo lo posible para intentar utilizar órdenes ejecutivas para lograr sus objetivos, pero también se verán atados a los tribunales. Lo mismo con las nuevas regulaciones que propondrán sus agencias. Es fácil imaginar cómo reinará la confusión.

• Tercero, gran razón por la que sus planes no funcionarán es que necesita la cooperación de los estados individuales, muchos de los cuales se opondrán a su usurpación de sus recursos de aplicación de la ley para una misión exclusivamente de inmigración. (Los demócratas gobiernan 23 de los 50 estados del país).

• Cuarto, también necesitará la cooperación de las naciones extranjeras porque no puede expulsar físicamente a alguien a su país de origen a menos que su gobierno coopere. Actualmente, muchos países como Cuba, China, Pakistán, Rusia y Venezuela no cooperan. Es muy poco probable que alguna nación acepte recibir a un gran número de personas que no sean sus ciudadanos porque, si lo hace, se enfrentaría a la misma crisis que tenemos aquí. (Una lista elaborada por la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE- revela que existen 63 países que no cooperan con las deportaciones. A estas naciones se les conoce como ‘recalcitrantes’).

• La quinta razón principal por la que es poco probable que Trump tenga éxito en sus planes es el hecho de que la Constitución de Estados Unidos garantiza que se le otorgue el debido proceso a cualquier persona en Estados Unidos independientemente de su estatus legal. El debido proceso requiere una audiencia ante un juez imparcial (neutral adjudicator), lo que requiere mucho tiempo. Incluso con cientos de jueces adicionales, la acumulación de 3.7 millones de casos pendientes actualmente en los Tribunales de Inmigración (EOIR) de todo el país, claramente socavará sus esfuerzos. (El tiempo promedio actual que un caso está en la lista es de 5 años).